Andalucía. Como se esperaba el Psoe aprueba en solitario la ley de la función pública.

Como se esperaba la apisonadora socialista ha aprobado la ley de ordenación de la función pública en Andalucía, el PP ha votado que no e IU se ha abstenido. Mientras, en la calle miles de funcionarios mostraban su desacuerdo con el texto aprobado. El gobierno dio un paso atrás al paralizar el decreto y tramitar la norma como proyecto de ley, indicando su disposición al diálogo o al menos su disposición a escuchar a la oposición y a los sindicatos que desde el principio se han opuesto a la norma. En esta rápida singladura tan sólo han contado con las propuestas de UGT y CCOO, sindicatos que parecen tener muchos afiliados entre los trabajadores de las empresas públicas y que por tanto consideraban la reforma como una oportunidad para conservar el empleo de sus más de veinte mil trabajadores. 

En frente del gobierno y del Psoe han estado los sindicatos de funcionarios y la plataforma creada para aglutinar a los descontentos con esta reforma, muchos de los cuales eran afiliados de los sindicatos de clase. Estos en todo momento han solicitado la retirada del proyecto y no han querido sentarse con los socialistas para buscar un consenso en un tema que trasciende las ideologías. 

La reforma de la función pública es necesaria, pues hay que dotarla de mayor agilidad, de más eficacia y eficiencia, pero no hay que olvidar que en todo momento hay que guardar las garantías que nuestra Constitución establece. Siento discrepar con la reforma emprendida, con la mezcla en agencias de los funcionarios y de los trabajadores de las empresas públicas, temo que en estos entes se desarrollen formas que no garanticen suficientemente lo público, que se constituyan en correas de trasmisión de los partidos que estén gobernando en ese momento, no preservando la independencia y la imparcialidad en la aplicación de las normas. Tampoco creo que la administración haya estado tan quieta en los últimos años, pues ha avanzado en la administración electrónica, en una más rápida resolución de los problemas de los ciudadanos, en una mayor y mejor información, en una mayor transparencia de los procedimientos, y aún está avanzando y mejorando. Tengo que defender que lo público no es peor que lo privado, y que incorporar modos y formas privadas a la gestión de lo público no siempre es la mejor solución. Las empresas públicas tienen sentido, son herramientas a utilizar por la administración pero siempre bajo la tutela de la administración y sin sustituir a la función pública, mezclas como las que se van a crear pueden llevarnos a la debacle de lo público.