Conversación con la IA: Derecho penal español y el caso Aldama

Inicio con este artículo una serie de conversaciones con la IA, en este caso Claude, con ellas quiero entrar en distintos temas judiciales y políticos. La IA no es infalible pero permite un diálogo donde contraponer opiniones, sus fuentes son muy diversas y he de decir que principalmente asume las fuentes mayoritarias representadas por los periódicos de derechas, por eso hay que introducir preguntas y ciertas cuestiones sobre las que suele razonar iniciando su respuesta en general con la frase 'pues tenías razón...'

Comencemos con 

"Derecho penal español y el caso Aldama"

Usuario

Derecho penal en España, la figura del investigado/imputado cuando colabora con la justicia, caso Aldama

Claude IA

Investigado/imputado colaborador: marco legal y el caso Aldama

El concepto jurídico

En derecho procesal penal español, "investigado" es el término actual (desde la reforma de 2015) para lo que antes se llamaba "imputado": la persona contra la que existen indicios de haber participado en un delito, antes de la apertura del juicio oral. Cuando esa persona colabora activamente con la Fiscalía o la instrucción —confesando, aportando pruebas, señalando a otros implicados—, el Código Penal permite aplicar atenuantes, principalmente:

• La atenuante de confesión (art. 21.4 CP): reconocer la infracción a las autoridades antes de saber que el procedimiento se dirige contra uno.

• La atenuante analógica de colaboración con la justicia (art. 21.7 en relación con 21.4), que los tribunales aplican de forma más flexible cuando la confesión llega tarde pero aporta un valor probatorio real: se puede aplicar cuando la colaboración es tan intensa que merece ser calificada como "muy cualificada".

No existe una norma automática que vincule colaborar en una causa con rebajas en otra distinta, aunque en la práctica la colaboración global de un investigado sí puede influir en cómo la Fiscalía y los tribunales valoran su situación en distintos procedimientos, según explican penalistas.

El caso Aldama como ejemplo

Víctor de Aldama, comisionista señalado como pieza clave del caso Koldo, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de haber sido imputado, confesando su participación y señalando a dirigentes del PSOE, entre ellos Ábalos.

En junio de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia en el llamado "caso mascarillas": condenó a Aldama a cuatro años y medio de cárcel por organización criminal y cohecho, mientras que Ábalos recibió 24 años y tres meses, y Koldo García 19 años y ocho meses. La diferencia sustancial fue que los magistrados aplicaron a Aldama la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspendieron la ejecución de su pena por su aportación al descubrimiento de los delitos.

El tribunal fue explícito sobre por qué: la sentencia señala que Aldama "no se ha limitado a confesar los hechos objeto de acusación, amoldando su testimonio al resultado de las pruebas conocidas", sino que aportó documentación inédita para la investigación, incluyendo pruebas sobre su relación con Ábalos que este había negado. También entregó información que permitió abrir nuevas piezas del caso, afectando a figuras como Santos Cerdán.

El efecto "vía Aldama"

Esta sentencia se ha convertido en un precedente que otros investigados están intentando replicar. Un magistrado emérito del Supremo advierte del riesgo: "la jurisprudencia ha sido muy amplia con esto de colaborar con la Justicia, lo cual, en casos como este, es un peligro y una tentación". En el caso Plus Ultra, por ejemplo, varios imputados están cambiando de estrategia procesal para colaborar apuntando contra Zapatero, enmarcándolo en la reciente sentencia del caso mascarillas.

El propio Aldama, tras conocer su condena, expresó su satisfacción y confianza en que "los que vienen detrás" también colaboren, lo que resume bien la lógica incentivadora de esta figura: cuanto mayor el valor probatorio aportado, mayor la rebaja punitiva.

Pregunta

Sin embargo, en el caso Aldama se desconocen, creo, cuáles fueron las pruebas aportadas. Entiendo que las defensas no pudieron acceder a ellas.

Claude IA

Tienes razón, y es un punto que ha generado bastante debate técnico entre penalistas. Dos cosas se mezclan en el caso Aldama:

1. Parte del material está bajo secreto de sumario

Una parte importante de lo aportado por Aldama —incluida la documentación sobre presunta financiación ilegal del PSOE que investiga el juez Ismael Moreno— sigue bajo secreto de sumario. Eso significa que, mientras dura esa declaración de secreto, ni siquiera las partes personadas (incluidas las defensas) tienen acceso al contenido íntegro de las diligencias. La ley (art. 302 LECrim) permite esto por un plazo limitado y prorrogable, precisamente para no comprometer la investigación, pero también es la vía por la que se restringe temporalmente el derecho de defensa a conocer el material probatorio.

2. La "dosificación" de pruebas por parte de Aldama

Hay constancia periodística de que Aldama y su entorno decidieron entregar la documentación de forma escalonada, reservándose parte de lo que dice poseer. Esto no es solo un problema de secreto de sumario judicial, sino de estrategia procesal del propio colaborador: entregar solo lo que juzga oportuno, cuando lo juzga oportuno.

Por qué esto es jurídicamente delicado

El problema de fondo que señalas es real: si una condena (como la de Ábalos o Koldo) se apoya, aunque sea parcialmente, en la valoración de la colaboración de Aldama, y las defensas no han podido contradecir o contrastar todo el material en que se basa esa valoración, se plantea una tensión con el derecho de defensa y el principio de contradicción (art. 24 CE). De hecho, no eres el único que lo ha señalado: hay análisis periodístico que apunta a que la aportación "premiada" por el Supremo apenas sumó novedades sobre lo que la UCO ya tenía acreditado tras dos años de investigación propia — lo que sugiere que el valor real de la colaboración de Aldama es, cuando menos, discutido, no solo por las defensas sino por los propios analistas del caso.

En resumen: tu percepción es correcta y no es infundada — hay un desfase entre lo que se invoca como "colaboración muy cualificada" para premiar a Aldama con la suspensión de la pena, y el grado de acceso y contradicción real que las defensas han tenido sobre ese material, en parte por el secreto de sumario y en parte por la propia gestión selectiva de la información por parte de Aldama.

Pregunta

No entiendo que el secreto del sumario pueda impedir a las defensas su actuación, de hecho es muy peligroso y creo que genera indefensión

Claude IA

Es un debate clásico en procesal penal español, y tu instinto no va desencaminado: es una de las tensiones más criticadas del sistema. Vamos por partes.

Cómo funciona legalmente el secreto de sumario (art. 302 LECrim)

La regla general es que las partes personadas (incluidas las defensas) tienen derecho a conocer las actuaciones. El secreto es la excepción: el juez de instrucción puede decretarlo, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, cuando sea necesario para evitar que se frustre la investigación (por ejemplo, para evitar que un investigado destruya pruebas o se coordine con otros antes de ser interrogado). Tiene límites temporales: máximo un mes, prorrogable, y debe alzarse necesariamente antes de la apertura del juicio oral, porque en el juicio rige plenamente el principio de contradicción.

Dónde está el problema real que señalas

Aquí es donde tu crítica tiene fundamento técnico:

• Mientras dura el secreto, la defensa no puede contradecir, cuestionar ni contrarrestar lo que se está recabando, aunque esas diligencias puedan acabar siendo la base de una imputación o incluso de una condena.

• Si el secreto se prorroga repetidamente (algo frecuente en instrucciones complejas como esta, con múltiples piezas separadas), el desfase entre "lo que ya se investiga contra ti" y "lo que tú puedes rebatir" puede alargarse durante meses o años.

• El Tribunal Constitucional ha admitido el secreto como constitucional siempre que sea temporal y proporcionado, pero también ha advertido que una prórroga desproporcionada o no motivada puede vulnerar el derecho de defensa (art. 24.2 CE). Es decir, la propia jurisprudencia reconoce el riesgo que describes: el secreto de sumario, mal usado, genera indefensión.

El matiz importante: secreto ≠ indefensión automática

El secreto de sumario no impide, en teoría, todo el ejercicio del derecho de defensa: el investigado puede tener abogado, puede ser oído, puede recurrir el propio auto de secreto. Lo que impide es el acceso al contenido concreto de las diligencias en marcha. El problema no es que exista la figura, sino cuándo y cómo se aplica: si se usa como herramienta táctica para blindar diligencias más allá de lo estrictamente necesario, ahí es donde la doctrina y buena parte de la abogacía penalista coinciden contigo en que se convierte en un instrumento peligroso.

Aplicado al caso Aldama

En este caso concreto, el matiz añadido es que no solo hay secreto judicial decretado por el juez, sino que además el propio colaborador (Aldama) decide qué entrega y cuándo, según fuentes periodísticas, por estrategia propia y no solo por resolución judicial. Eso añade una capa extra de opacidad que no está cubierta por la garantía procesal del art. 302, sino que depende de la voluntad del testigo-colaborador — lo cual es, si cabe, más discutible desde el punto de vista de las garantías, porque ni siquiera responde a una decisión motivada del instructor.

En síntesis: no es que "no puedas entenderlo" — es que efectivamente es una zona de fricción real entre la eficacia de la instrucción y el derecho de defensa, y la crítica que haces la comparten penalistas y parte de la judicatura, no es una interpretación forzada tuya.

La democracia peligra en el mundo

En la historia de la humanidad encontramos distintos momentos en los que se procucen cambios bruscos provocados por situaciones donde los ciudadanos se sienten oprimidos y en peligro, cuando las diferencias entre ricos  y pobres son enormes, cuando gran parte de la población no puede acceder a sus necesidades básicas comida y vivienda, cuando las libertades no son las mismas para unos que para otros,... Las principales fueron la Revolución francesa contra la tiranía de la monarquía absolutista en la busqueda de la libertad y la Revolución rusa donde un pueblo oprimido, sin libertades pero sobretodo sin comida ni vivienda se lanzó en contra de los zares acabando con el absolutismo. 

Hoy estamos asistiendo a otro tipo de revolución pero de signo contrario, no  nos encontramos ante una situación donde falten los recursos para vivir, incluso podríamos decir que las libertades están vivas, pero hay un movimiento que busca el pensamiento único, la opresión o mejor dicho el silencio de los que no piensan como ellos. En este movimiento encabezado por el presidente americano Trump están implicados grandes magnates y tecnoempresarios que tienen el poder económico y el de las redes sociales, y que ahora han incorporado la Inteligencia Artificial, armas para poner en duda todo y con las que crear nuevas realidades o mejor dicho falsas realidades. 

A nivel mundial estamos asistiendo a un incremento de la extrema derecha y sus postulados, desde los EEUU se están favoreciendo regímenes autárquicos en toda la América latina, destacamos a Milei en Argentina, la vuelta de Fujimori a Perú, el cambio radical en Chile y de Colombia,... en todos ellos Trump y sus correlegionarios han intervenido, destacando al Elon Musk que a través de la red X provee de bulos e incita al odio. Recientemente la red X a través de la cuenta del propio Musk incendió las redes en Irlanda instando a la cada del migrante, no olvidemos también su apoyo al partido ultra Alternativa por Alemania,... un nazi convencido con mucho poder. 

Pero no solo nos encontramos con EEUU y Trump, porque la segunda gran potencia China es una autarquía donde las libertades no existen, tan solo la bonanza económica permite que una población de casi mil millones de habitantes viva sin excesivas penurias y en algunos casos muy bien. El otro polo es Rusia, de la mano de Putin, otra dictadura que quiere ser de nuevo imperio, y a la que no le importa iniciar guerras como la de Ucrania, amenazar militarmente a Europa, y utilizar los "bots rusos" (o brigadas web) que son redes de cuentas automatizadas, patrocinadas o vinculadas al Estado ruso, que utilizan tácticas de astroturfing para manipular la opinión pública e influir en narrativas geopolíticas. 

En Europa también tenemos a la extrema derecha acosando e incluso en el poder, caso de Italia, en Francia se postulan como la principal fuerza con posibilidades de alcanzar la presidencia, en Alemania ya son la principal fuerza en votos según las encuestas, en España participan del gobierno de muchas comunidades autónomas en coalición con el PP,... es decir el panorama no es demasiado alagüeño para las democracias liberales.

Algo común a todos es la llamada en España 'prioridad nacional' o en EEUU 'America First',... hay una corriente homofoba contra los migrantes, a los que se les responsabiliza de quitar el trabajo y de aprovecharse de la sanidad y los servicios públicos, además de ser perceptora de ayudas y subvenciones. Todo un gran montaje, porque sin la mano de obra migrante las empresas y muchos ciudadanos no podrían continuar su actividad, en España la agricultura, la hosteleria, los cuidados a mayores, y la construcción dependen en gran medida de la mano extranjera, he ahí la gran contradicción, porque lo que subyace es el odio a aquello que es distinto, a otras religiones principalmente la musulmana,... 

No podemos olvidar la historia, Europa durante el siglo XX sufrió dos grandes guerras, en la segunda de ellas un loco llamado Hitler utilizó la democracia para que el partido nazi tomara el poder, entre sus máximas la pureza de la raza aria, el odio a todo lo que judio, discriminación a los extranjeros,.... porque luchaba por crear una supranación blanca y pura, con pensamiento único, donde las libertades y los derechos se convertirían en algo secundario e innecesario porque lo importante era Alemania. Y LA HISTORIA PUEDE REPETIRSE.

La derecha y el poder económico va de caza.

Tiempo de caza

En política nos encontramos en tiempo de caza, a la llamada de Aznar ‘el que pueda hacer que haga’ han respondido diversos sectores de la sociedad en un proceso persecutorio y cinegético. El PP desde inicio de la legislatura se ha dedicado a desprestigiar, insultar e insinuar, a dar por definitivos cualquier bulo que surja de las continuas filtraciones que se producen en cada uno de los procedimientos abiertos, ya sea la policía o la guardia civil o las partes personadas,… hasta en los procedimientos en los que se ha establecido el secreto del sumario se producen filtraciones. Hoy apenas 24 horas después y habiendo ordenado el juez que no entraran móviles al interrogatorio de Zapatero, todos los medios de comunicación disponen de las imágenes. Para colmo días después se ha producido la filtración de todas las conversaciones del expresidente con su secretaría, ya sabemos con quién y cuando comía, cuando se cortaba el pelo, o sus citas médicas además de contraseñas y claves personales. Ante este espectáculo el juez Calama ordena la investigación a un juzgado distinto, cuando el responsable parece haber sido él al no limitar/expurgar los datos que se enviaban a las partes. Todo contribuye a la caza.

Quien no se lo crea no tiene nada más que ver los procesos que se han iniciado contra la mujer y el hermano de Sánchez, contra el fiscal general del Estado,…. Unos con una dudosa o mejor dicho tendenciosa instrucción, sin miramientos, creando tipos de delito que no existían hasta ahora, el del fiscal sentenciándolo porque ‘el fiscal o alguien de su entorno ha realizado la filtración’, todo en contra de la esencia del derecho penal, olvidando la presunción de inocencia y al sentenciar olvidando el principio ‘in dubio pro reo’.

A ello se une la última sentencia del TS, con los jueces Marchena y Arieta, que han mostrado por donde van los tiros, máxima condena a Ábalos y Koldo, ambos desnudados en lo personal durante el juicio sin que el tribunal interviniera ¿que tienen que ver las queridas y los gatos con el caso mascarillas?, la base de tan fuerte pena es hacer un escarmiento entre los corruptos, olvidan que ha habido y hay juicios por corrupción que afectan a miembros del PP y en los que se piden penas mínimas. Y para colmo tenemos la sentencia al corruptor declarado Aldama, sin pena de cárcel y quedándose con el dinero porque no ha de devolver casi nada, todo gracias a su arrepentimiento y a la supuesta colaboración con la justicia que le ha valido estar fuera de prisión y, la protección de la fiscalía, por cierto aún estamos a la espera de que anticorrupción explique a la ciudadanía el alcance de la colaboración de este arrepentido que para colmo parece un símbolo de la derecha política.

Ante todos estos hechos se ha levantado un gran rumor, los jueces juzgan con la mirada puesta en la derecha y contribuyendo a la caída del gobierno. Por ello, el juez Marchena, aquel que dirigió el juicio del process, y la presidenta del CGPJ han hecho un llamamiento en el sentido de que tildarlos de mafia judicial va en contra de la democracia. Y yo me pregunto, si esos son los rumores será por algo, de verdad creen los jueces que los ciudadanos son tontos y se conforman con todo lo que dicen, el concepto de justicia es fundamental para la ciudadanía, y cuando se ven los atropellos  en las instrucciones a Begoña Gómez y a David Sánchez, y la base en la que el supremo ha dictado alguna que otra sentencia, gran parte del pueblo se revela. Porque al CGPJ se le exige que actúe, que inspeccione y si es necesario sancione, y a los tribunales se les exige imparcialidad no solo en los papeles, que diferencia entre la actuación de la presidenta del tribunas que dirige el caso Kitchen que protege a los testigos e impide preguntas, con la del presidente de la sala del supremo que ha juzgado a Abalos y Koldo, donde se ha producido un paseillo de testigos que nada tienen que ver con el caso de las mascarillas y no solo se ha desnudado la vida de los encausados sino que el principal apoyo de la fiscalía, el corrupto Aldama, se ha permitido declarar acusando sin miramientos y sin pruebas a Pedro Sánchez y a los socialistas. Claro que el corruptor se ha llevado la medalla, no entra en prisión y no tiene que devolver los 3,7 millones de euros que se llevó.

Pero es que la caza sigue en los medios afines a la derecha, periodistas que sin ningún rubor acusan y acosan tomando como probados hechos que aún están siendo investigados, sorprende todo lo que han largado de la filtraciones del teléfono de la secretaria de Zapatero, pero también la forma en la que tratan a la mujer del presidente y a su hermano, o que lleven a los platós al corruptor Aldama dándole voz y haciendo de él un ejemplo a seguir. Porque estos medios y sus miembros están comprados y al servicio de la derecha más destructora que hemos tenido en democracia, todo capitaneado por Aznar y continuado por Ayuso y Feijoo, todos dedicándose a lo mismo a insinuar, a insultar y a amenazar, vamos a cazar porque anuncian lo que va a suceder a continuación en los tribunales, no se si haciendo cierto el mensaje del senador Catalá en la que indicaban que controlaban la judicatura.

El riesgo para nuestra democracia es enorme, la forma de actuar de los poderes de la derecha es la misma que ha seguido Trump y el Maga en EEUU, desinformar, acosar, insultar,… desprestigiar la democracia, lanzando bulos de forma continuada que terminan convenciendo a muchos ciudadanos. Aquí tenemos la muestra de la ‘preferencia nacional’, los servicios públicos están colapsados porque sirven preferentemente a los migrantes,… esa es la consigna ‘españoles primero’ similar al ‘american first’ de Trump.

La conclusión es que ante el riesgo para nuestro sistema democrático, para las libertades que tanto nos ha costado conseguir, no solo hay que alzar la voz, sino que hay que manifestarse y ir en masa a votar para lograr esa mayoría suficiente que nos permita legislar para evitar lo que ahora está sucediendo. 

Medidas ante el acoso judiciai y político al gobierno progresista.

 Soy uno más de los millones de ciudadanos que dio su confianza al gobierno actual. En mi vida comencé luchando por las libertades y la democracia en los años 70 del siglo pasado, y he de decirles que nunca había asistido a una situación como la actual de acoso y derribo no solo de los partidos de la derecha sino de la judicatura, la policía y los poderes económicos, pero la que más me preocupa es el poder judicial, pq sin un poder judicial imparcial e independiente nuestra democracia está amenazada.

He de criticar al partido porque ha perdido las oportunidades que ha tenido con objeto de realizar las reformas necesarias:

. Reformar el nombramiento del CGPJ, dando entrada a personas que nada tengan que ver con la procesión jurídica, algo necesario si queremos quitar el corporativismo de toga.

. Cambiar la instrucción, ya se que está casi en marcha, pero hay que aplicarla ya. Investigación dirigida por la fiscalía y el juez actuando como garante de derechos y evitando los abusos.

. Los mandos de la GC y de la Policía no pueden ser miembros de las academias militares. Hay que reformar las academias respectivas estableciendo una nueva carrera policial. Para ello el profesorado no puede ser exclusivamente policial.

. Eliminar las acusaciones populares como los sindicatos Manos Limpias.

. En el sistema judicial poner limites a la actual independencia judicial. Introducir el concepto de precedente judicial para evitar que dos jueces dicten sentencias contrarias ante los mismos  casos.

. Modificar la ley orgánica del poder judicial para aclarar los procedimientos de inspección y de demandas o querellas a los jueces, en concreto a los del supremo, evitando que sean ellos mismos los que diriman. Lucha contra el corporstivismo de toga.

Es mucha tarea que ya debería estar hecha pero que dadas las mayorias existentes tan solo serían posible s con un triunfo claro en las urnas. Mientras hay que dar algún paso que permita a los afines tomar fuerza y hacerse presentes por ejemplo con manifestaciones por una justicia imparcial e independiente.

¿Qué hace la oposición? ¿Estamos en riesgo democrático?.

 Día a día me pregunto cual es la labor de estos políticos, bien pagados, sin responsabilidades concretas, con tiempo infinito para pensar, para planificar,… todo con el objetivo de derrocar al gobierno. De sus actos se deduce que lo único que les preocupa es desacreditar al contrario, llegando sin ningún miramiento al insulto, siguen con la máxima de que el fin justifica los medios, todo vale para conseguir la caída del gobierno, de aquel que ahora llaman el número 1. Su estrategia es dar por ciertas todas las acusaciones que alguien haga contra el presidente o algún miembro de su gobierno o su partido, es igual quien haga las declaraciones, tampoco importa si presenta pruebas o no, el PP las da por válidas y renueva su ataque con mayor munición. Lo malo es que sus medios afines, que son la mayoría, les acompañan en este intento continuo de desprestigiar al gobierno.

Pensaba que un partido con pretensiones de gobierno iba a ser algo más constructivo, que iba a dar la batalla con propuestas, con políticas, en las que mostrar cual es el proyecto de país que tienen. Pero me he llevado un auténtico chasco, lo único que veo es un gran plan para hacer caer a Sánchez, todo vale, y como en su día dijo su líder Aznar ‘el que pueda hacer que haga’, algo que se ve en el día a día, porque no solo son los dirigentes del PP también encontramos a gran parte de la magistratura que acelera actuaciones cuando se trata de cuestiones relativas al gobierno y al Psoe, dejan de lado otros procesos para dar prioridad a éstas, admiten querellas presentadas por sindicatos extremistas de derecha que lo único que persiguen es la desestabilización aunque estén basadas en bulos y no estén acompañadas de pruebas. 

El ejemplo último las declaraciones de Aldama, dijo todo lo que se le ocurrió sin aportar una sola prueba, pero es que el PP y sus medios le dieron voz, validando todo lo que este imputado decía, ahora presenta como prueba una relación de contratos del BOE donde ha subrayado algunos de los que dice que se hicieron a cambio de sobres, pero no presenta ni una sola prueba.

Otro ejemplo, el novio de Ayuso, un investigado que ha cometido fraude a Hacienda y que sin embargo se le ha dado la vuelta y ahora hasta el fiscal general del estado ha sido condenado sin pruevas, ‘el fiscal general o alguien de su entorno ha filtrado…’,  nada menos por un tribunal supremo que ha dado prioridad al procedimiento, acelerando las actuaciones, mientras los juzgados que investigan al novio de Ayuso dilatan sus actuaciones.

Podríamos continuar con el procesamiento a la mujer del presidente y a su hermano, ambas causas iniciadas por querellas presentadas por los sindicatos de derechas basadas en publicaciones de cuasi-medios periodísticos de internet. 

Esta claro que el único propósito de los populares es hacer ruido, enfangar el ambiente político, hacer ciertos los bulos ante la opinión pública, porque las consecuencias son claras a ellos no les afecta la mentira, todo lo hacen por el bien del país, por salvar a España de un gobierno ‘corrupto’. Olvidan y ni tocan la situación de la economía, la reducción del paro, el crecimiento económico mayor de Europa y del mundo occidental. De esto no se habla.

No es la primera vez que la derecha actúa de esta forma, olvidando sus obligaciones como partido de estado, con el único objetivo de recuperar el poder lo antes posible. Ya lo hizo Aznar con González, instaurando la famosa frase ‘váyase señor González’. Pero es que toda esta parafernalia, o estrategia de la derecha ya se hizo durante la república donde todos los poderes de la derecha: Iglesia, poder económico, poder judicial, ejército, aristocracia y burguesía se unieron para derrocar al gobierno legalmente establecido por los españoles. La suerte que tenemos hoy es que llevamos 46 años de democracia, sistema que ha sido aceptado por la ciudadanía y que tiene los cauces a los que se han de obligar los poderes para sus actuaciones.

Ojo, que la cosa no está tranquila, la extrema derecha ha avanzado en buena parte del mundo y aquello que consideramos superado y hasta olvidado se proyecta como una sombra que puede absorbernos, no podemos olvidar que Trump es el presidente de EEUU, que en Europa hay algunos países gobernados por la misma derecha, Italia, Hungría,… que Rusia sigue su plan de desestabilización de occidente acompañada por la economía de China….  Que se manifiesta en la guerra de Ucrania y su presencia en grandes partes de los continentes americano y africano. El mundo o mejor dicho la democracia en el mundo está en riesgo.

El problema del CGPJ en España.

En lo que respecta al órgano que gobierna los jueces, CGPJ, existe en España la sensación de que está influenciada políticamente ya que todos los miembros son elegidos por el Parlamento, siempre entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocido prestigio. La experiencia actual es que el PP ha aprovechado sus mayorías para lograr el dominio en este órgano, llegando incluso a impedir la renovación del consejo con lo que seguía manteniendo la mayoría. 

El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de elegir de forma paritaria al nuevo consejo con la condición de una reforma posterior de la ley orgánica que lo regula en cuanto a la elección de los vocales atendiendo a los consejos de la UE en materia de justicia, se ha visto truncada en la práctica con el cambio de posición de la presidenta del CGPJ que ha comenzado a votar en el mismo sentido que los vocales conservadores. La percepción de una gran parte de la ciudadanía es que las actuaciones del consejo van siempre en el mismo sentido, que los nombramientos siguen favoreciendo a jueces conservadores y que el corporativismo rige a la hora de cumplir algunas de sus funciones especialmente en lo referente a la actuación de ciertos jueces y a la lentitud de los procedimientos. 

Europa recomienda que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales sean jueces elegidos por los propios jueces, y que el resto de miembros sean elegidos por el parlamento con una mayoría de al menos 2/3, con el fin de dotar al consejo judicial de legitimidad democrática y mejorar la rendición de cuentas. En el continente hay países en los que la composición del consejo incluye a personas externas al poder judicial, además no siempre los nombramientos son realizados por los consejos.

España actualmente no cumple este estándar: todos los vocales del CGPJ son elegidos por las Cortes Generales, lo que ha sido el núcleo de las críticas europeas. 

El problema radica en que de alguna manera se ha de dotar al consejo de un origen democrático, los poderes emanan del pueblo. Si son los jueces, a través de sus asociaciones, los únicos que participan en la elección de los consejeros nos encontraríamos ante un órgano exclusivamente judicial, que no puede controlarse democráticamente y en el que siempre primará el corporativismo.

El poder judicial, un poder desmesurado y sin contrapesos

La carrera judicial es, indudablemente, exigente. Tras obtener el grado en Derecho, es necesario dedicar varios años a preparar unas oposiciones muy competitivas, superar la Escuela Judicial y, finalmente, comenzar a impartir justicia.

Los jueces constituyen un cuerpo de funcionarios con potestades de gran alcance, protegidos frente a presiones externas con el propósito de garantizar su imparcialidad e independencia en una labor de enorme trascendencia. Nadie discute que toda la ciudadanía merece un juez imparcial e independiente. Así lo establece, con toda claridad, la Constitución.

Los sistemas democráticos se articulan en torno al principio de división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los dos primeros son fruto de procesos electorales en los que la ciudadanía expresa su voluntad: elige a quienes la representarán en el Parlamento y decide a quién encargar la formación del gobierno. En función de sus decisiones y actuaciones, el pueblo podrá renovarles la confianza o reemplazarlos en las próximas elecciones.

Sin embargo, en el caso de los jueces, la ciudadanía tiene escasa o nula capacidad de influencia. La actuación judicial es supervisada por un órgano compuesto principalmente por jueces elegidos entre sus propios compañeros en ejercicio: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo vela por sus miembros y evalúa si su conducta se ajusta a la legalidad, lo que da lugar a una lógica marcadamente corporativista. Como se suele decir coloquialmente, "Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como."

El proceso de elección del CGPJ presenta, además, serias contradicciones. Aunque formalmente se pretende que los parlamentos participen en la designación de los perfiles más idóneos, en la práctica son los partidos mayoritarios quienes sitúan a sus afines en esos puestos. Podría argumentarse que esto otorga una legitimidad indirecta de origen popular, pero la trampa reside en otro lugar: los consejeros permanecen en sus cargos con plenas facultades incluso una vez expirado su mandato. Esta anomalía ha permitido que determinadas fuerzas políticas consoliden la presencia de jueces afines tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional y otros tribunales.

El resultado es un poder judicial con un sesgo ideológico perceptible, que en ocasiones parece responder a los intereses de quienes promovieron los nombramientos. Basta observar la celeridad —o la lentitud— con que se instruyen ciertos procedimientos, o el modo en que se dirigen algunos juicios, según quiénes sean los acusados.

Los controles formales existentes: una arquitectura con grietas

Ante este panorama, conviene preguntarse qué mecanismos de control existen realmente sobre el poder judicial y por qué resultan insuficientes.

El primero y más visible es el propio CGPJ, que ostenta potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados. Sin embargo, el problema es evidente: se trata del mismo órgano condicionado por las asociaciones judiciales y sometido a influencias políticas. Es, en definitiva, el zorro cuidando el gallinero.

El Tribunal Supremo ejerce un control de naturaleza distinta: revisa las decisiones judiciales mediante el sistema de recursos y funciona razonablemente bien como instancia de control jurídico. Pero su alcance se agota ahí; no actúa como mecanismo disciplinario ni ético frente a conductas problemáticas de los jueces.

El Ministerio Fiscal, teóricamente independiente, arrastra su propio conflicto de origen: el Fiscal General del Estado es nombrado por el Ejecutivo, lo que genera una dependencia orgánica del Gobierno difícil de ignorar. Su independencia real queda, cuando menos, comprometida.

Finalmente, los recursos judiciales ofrecen a cualquier ciudadano la posibilidad de impugnar decisiones ante instancias superiores, hasta llegar al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el mecanismo más accesible en teoría, aunque en la práctica resulta costoso, lento y de alcance limitado para el ciudadano común.

El déficit democrático: el problema estructural de fondo

Más allá de los fallos concretos de cada mecanismo, el sistema en su conjunto adolece de un déficit democrático de control que no puede soslayarse. Las sanciones disciplinarias a jueces son extraordinariamente escasas y, cuando se producen, tienden a ser leves. Los jueces no rinden cuentas públicas de sus decisiones más allá del recurso técnico-jurídico. No existe ningún mecanismo de control ciudadano efectivo. Y la responsabilidad civil o penal de los jueces por sus actuaciones es, en la práctica, casi inaplicable.

El resultado es un poder que se autopercibe —y que en buena medida funciona— como blindado frente a la sociedad a la que, en teoría, sirve.

Lo que otros países hacen mejor

Este no es un problema exclusivamente español, pero sí existen modelos comparados que ofrecen soluciones más equilibradas. En Alemania, el Consejo Judicial cuenta con mayoría de miembros ajenos a la carrera judicial, lo que reduce el peso del corporativismo. Los Países Bajos han apostado por la evaluación del rendimiento y la transparencia activa como herramientas de rendición de cuentas. El Reino Unido dispone de una Comisión de Nombramientos independiente y apolítica que despeja las interferencias partidistas. Y en Francia, el Consejo Superior de la Magistratura incorpora representantes de la sociedad civil, ampliando la base de legitimidad del órgano de gobierno judicial.

Todos estos modelos comparten una misma lógica: el control del poder judicial no puede recaer exclusivamente en el propio poder judicial.

Conclusión

El sistema español confía en exceso en el autocontrol corporativo y muy poco en mecanismos externos e independientes. No es que no existan controles: es que los existentes son débiles, lentos e ineficaces ante comportamientos problemáticos.

La reforma que mayor consenso concita entre juristas apunta en una dirección clara: despolitizar el CGPJ e incorporar miembros externos —académicos, representantes de la sociedad civil— con poder real y no meramente decorativo. Una transformación que se lleva prometiendo durante décadas y que, elección tras elección, sigue sin cumplirse.

Es ante este exceso de poder donde urge establecer límites reales, articular mecanismos que garanticen de forma efectiva la independencia y la imparcialidad judicial y someter la actuación de los jueces a controles proporcionados que eviten que su poder siga siendo, como lo es hoy, desmesurado.

He integrado el nuevo contenido como secciones diferenciadas con sus propios títulos, manteniendo el estilo y el tono crítico del texto original, y enlazando cada bloque de forma que el conjunto fluya como un artículo coherente de principio a fin.