Los funcionarios andaluces están de enhorabuena. El viernes en el Parlamento el presidente Griñán atendió la petición de Izquierda Unida de paralizar la publicación de los estatutos de las agencias públicas hasta que el proyecto de ley haya finalizado su tramitación permitiendo opinar no solo a los distinttos grupos políticos sino también a los sindicatos. Es el triunfo de la razón frente al la cerrazón de la consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, al final ha sido el presidente el que ha puesto cordura en este proceso, terminando con el enfrentamiento entre las consejerias de presidencia y administración pública . También ha sido importante el posicionamiento de parte del partido manifestado a través de José Caballos quien ha considerado necesario tomar en cuenta las protestas de los funcionarios y que pcomprendía que la posición de fuerza e inmovilismo de la consejera Aguayo no iba a traer nada bueno ni al gobierno ni al partido especialmente cuando estamos en puertas de las elecciones municipales, un nuevo test para el socialismo andaluz.
Si bien hay que felicitarse con la paralización no hay que olvidar que lo que está en juego es la estructura y el funcionamiento de la Administración Pública. El nuevo modelo debe ser más eficaz pero sin olvidar la independencia e imparcialidad en la actuación de los funcionarios y de los órganos administrativos, esa reforma no debe significar la desaparición de lo público, tampoco la mezcla con lo privado en unos entes que parecen dragones con dos cabezas. Las agencias deben constituirse bajo un criterio de mínimos, para dar respuesta a cuestiones concretas que necesitan cierta autonomia y agilidad, el ejemplo lo tenemos en la Agencia Tributaria, y ojo, los estatutos de algunas agencias como la de agricultura suponían la asunción casi total de funciones y la desaparición de la consejería de agricultura y pesca .Tampoco deben ser las agencias un sumidero de empresas públicas, éstas tienen sus funciones y su razón de ser y nunca deben ser administración, aunque estén tuteladas y supervisadas por las consejerías. No creo que la solución a la cantidad de entes públicos y a los errores que con ellos se han cometido sea su extinción y la transferencia de medios y estructura a las agencias, más bien entiendo que lo que debe de producirse son fusiones entres empresas y desaparición sin más de las que no sean necesarias.
Esperemos que los parlamentarios sean capaces de ver la importancia de la reestructuración de nuestro sector público y lo hagan desde la perspectiva de la duración en el tiempo del proyecto y de la salvaguarda de los principios que la Constitución y el Estatuto establecen.
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