El gobierno andaluz aprovechandose de la actual situación de crisis económica en la que es necesario tomar medidas tanto económicas como organizativas está llevando a cabo la mayor remodelación de la estructura de su Administración Pública. Esta reestructuración consiste básicamente en la creación de entes públicos empresariales, llamados agencias, en los que aglutina por un lado a algunas de sus múltiples empresas públicas que desaparecen para integrarse en las agencias y por otro a diversas direcciones generales de las distintas consejerías que irían con sus funcionarios y realizarían las mismas tareas que hasta ahora pero bajo el paraguas de la agencia. Es decir, en estas entidades de derecho privado para unas cuestiones y de derecho público para otras coexistirían ejecutivos y trabajadores de las antiguas empresas públicas junto con funcionarios de la administración.
Si bien, la existencia de agencias no es algo nuevo que se da tanto en la Administración Central del Estado como en la Autonómica lo que si es nuevo y sobretodo raya la inconstitucionalidad es la forma en la que el gobierno andaluz lo está realizando, primero mediante la aprobación de un decreto-ley para el que no se ha consultado previamente ni a los sindicatos ni a los parlamentarios, después con un ocultismo extremo que da pie a la intranquilidad de todos los empleados públicos y del personal de empresas, ocultismo que extienden incluso a los cuadros que la administración tiene en las distintas provincias, encontrándonos actualmente en un momento de crispación en el que cualquier bulo se hace noticia y donde la inseguridad a la que temen verse sometidos los trabajadores prima sobre cualquier norma escrita.
Ante todo este sin sentido del gobierno, los sindicatos parecen no haber reaccionado siendo los mismos trabajadores públicos los que cansados de preguntar y tener la callada por respuesta se están organizando en plataformas para reclamar la no aplicación del famoso decreto 5/2010. Y en esta agua revueltas algunos están intentando pescar aunque con argumentos que pueden considerarse como buenos, así el PP pide de boquilla la derogación del decreto por inconstitucional esgrimiendo como principal razón el intento del gobierno socialista andaluz de hacer “funcionarios” a los más de veinte mil trabajadores de las empresas públicas cuyos directivos y cuadros intermedios han sido nombrados entre gente afín al partido socialista, razón que además temen los funcionarios que piensan que los desplazaran de sus puestos para dar entrada a todos estos “enchufados”.
Desde otra perspectiva los cuadros de la administración andaluza en las provincias están viendo como el centralismo sevillano está dando una vuelta de tuerca más, intentando disminuir aún más las tomas de decisiones en la administración periférica, lo que comenzaría con la eliminación de delegados provinciales y continuaría con el sistema de agencias en el que todas las decisiones se tomarían en Sevilla sin dejar apenas margen de opinión a las provincias.
En este contexto, vemos además como la prensa de derechas se ha hecho eco de esta problemática mientras que los periodicos más afines al gobierno hasta el momento han dado apenas noticias del malestar y de las acciones que los funcionarios andaluces están llevando a cabo no solo en Sevilla sino en todas las provincias andaluzas.
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