Cuando estudiamos derecho uno de los principios esenciales que nos enseñan y que además recoge nuestra Constitución es la irretroactividad de la ley, máxime en el derecho penal en el que además hay que juzgar siempre considerando la norma vigente en el momento de cometerse la acción. Con ello entre otras cosas se intenta impedir que los legisladores cambien las leyes de forma premeditada y en función de los acontecimientos que se produzcan, tentación que normalmente no busca nada más que el rédito electoral.
El hecho de que España acordara en su momento sujetarse a los dictámenes del TEDH significó un paso adelante para garantizar los derechos y libertades de nuestros ciudadanos, reforzar la protección que de hecho establece nuestra Constitución.
El terrorismo de ETA ha marcado la vida política española, pero sobretodo ha destrozado las vidas de muchos compatriotas que han sufrido las acciones de esta banda, sintiéndose en estos momentos indignados con la sentencia del TEDH.
Es duro ver que los asesinos de familiares y conocidos salgan a la calle tras cumplir condenas que se han reducido por los beneficios penitenciarios y, por tanto existen motivos para indignarse. Sin embargo, hay que decir que a Eta se le ha derrotado desde el estado de derecho y utilizando medios legales y democráticos y, por ello hemos de sentirnos orgullosos. Nuestra norma fundamental establece en su artículo 9.1 que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y, en su apartado tres del mismo artículo la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Creo que el hecho de que el estado español se comprometa y acate las decisiones o resoluciones del TEDH es ante todo una garantía para nuestros ciudadanos, que además nos protege frente a intentos involucionistas y restrictivos de derechos y libertades.
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