La decisión del Gobierno de Andalucía de tramitar como proyecto ley el polémico decreto de reforma de la Administración Pública es una sabia decisión que responde a la inquietud de los miles de funcionarios andaluces en un tema de máxima importancia ya que supone una reestructuración de la administración. No solo los derechos de los funcionarios estaban en riesgo, yo más bien diría que lo que estaba en peligro era la función pública en sí, el reto era lograr una administración más ágil y eficiente capaz de responder a las exigencias de la población, como un servicio público independiente e imparcial al servicio de los ciudadanos y con la suficiente garantía. Esperemos que de la tramitación de esta ley salga un texto fruto del consenso y con vocación de duración en algo tan trascendente para la autonomía andaluza.
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