Quisiera llamar la atención de un proceso emprendido por el gobierno de Andalucía que ni ha sido bien pensado y lo que es peor está siendo mal explicado.
En las AAPP está definidas las figuras de las empresas públicas, de las agencias públicas y la administración propiamente dicha, cada una con funciones definidas a través de sus normas de creación sin que deban producirse confusiones en sus actuaciones. En Andalucía se crearon demasiadas empresas públicas, que han sobrepasado en muchas ocasiones los límites establecidos, entrando a realizar funciones que estaban restringidas a los funcionarios, y todo por la imposibilidad de incrementar las RPT de las consejerías y por la falta de agilidad de los responsables de personal de la AAPP para responder a las nuevas competencias utilizando los recursos existentes. Por otro lado las empresas públicas han llegado a asumir proyectos y decisiones no permitidas por la norma, lo que ha llevado a situaciones complejas al llevarse ciertas cuestiones ante la justicia. Pero todos estos errores no son causa suficiente para lo que está intentado hacer el gobierno andaluz, y es extinguir a las empresas y mezclar sus medios con partes de la administración pública, creando un maremágnum de consecuencias imprevisibles al juntar en una misma estructura el organigrama de lo privado y el de lo público, dando a las agencias tantas competencias y tan generales que al asumirlas provocaran la extinción de lo que actualmente se llaman Consejerías. Creando problemas donde no los había, por ejemplo diferencias de sueldos abísmales entre los directivos de las antiguas empresas y el de los cuadros de la administración, y lo mismo entre los funcionarios de a pie y los trabajadores de las empresas.
Creo que las agencias pueden ser una forma de dar mayor eficiencia a la administración, pero cuando respondan a funciones concretas como la Agencia Tributaria, con una estructura más dinámica pero siempre actuando de acuerdo con la normativa y siendo la actuación de su personal imparcial e independiente. Y en este entramado las empresas públicas tienen también sus funciones, la administración puede externalizar en ellas aquellas tareas que necesiten de mayor agilidad y requieran una mayor tecnificación, todo ello actuando como empresas privadas que realizan encargos por parte de la administración.
Pero las “agencias “ que la Junta de Andalucía pretende crear son un riesgo para la propia administración pública, pues son entes que trabajan a la vez en lo público y en lo privado, sin que la división pueda estar clara, posiblemente sin las garantías que la Constitución y las leyes exigen de lo público y, para colmo con una mezcla de trabajadores de muy distinta procedencia y sin las mismas exigencias a la hora de acceder a sus puestos de trabajo. Además peligra la independencia de la AAPP, pues la mayoría de los responsables de las antiguas empresas y bastantes cuadros directivos han sido nombrados respondiendo a intereses políticos del que gobierna, por lo que son un instrumento del partido que se encuentre en el poder, ahora el Psoe pero no sabemos quién será el siguiente.
Por todo esto, creo que hay que pensarse muy mucho lo que va a hacer y cómo se va a hacer, porque el instrumento del decreto –ley está previsto para casos de urgencia, que no es el caso de una reforma que debería ser consensuada por todos los partidos ya que es la base de la futura administración pública cuya función principal es el servicio a todos los andaluces.
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