Un Tribunal Constitucional de mayoría progresista.

La lucha política entre los dos partidos mayoritarios para controlar al Tribunal Constitucional se ha terminado con el cambio de mayorías, con un presidente y una vicepresidenta que responden al calificativo de progresista. El nuevo presidente ha manifestado su intención de sacar de los cajones los recursos a las leyes aprobadas bajo el gobierno de coalición y recurridas por la derecha en un intento de tirarlas. Otro de sus objetivos es reducir los tiempos en los que se resuelven los asuntos de la competencia de este tribunal, esperemos que sea capaz de cumplirlo, porque si de algo adolece la justicia de nuestro país es lentitud exasperante.

La justicia debe ser mucho más ágil para que los ciudadanos nos sintamos protegidos, los procedimientos no se deben  alargar de forma interminable, las sentencias no se pueden emitir meses después de la finalización de las vistas,... Como ciudadano me siento afectado por este funcionamiento anormal de los tribunales, que se une a todas aquellas deficiencias que asolan a nuestro obsoleto sistema judicial. Pero todo esto dará para otro escrito.

Tras la renovación del constitucional toca un periodo relativamente largo de tranquilidad, aunque la lucha sigue con el Consejo General del Poder Judicial, donde la renovación de sus miembros sigue demorándose incumpliéndose el mandato constitucional, sin que aquellos que lo están provocando sufran ningún tipo de sanción. Me sorprende la posición ética de personas con una importante formación jurídica que siguen en sus puestos sin ningún reparo, no me sorprende las posiciones del PP de intentar ganar con subterfugios, bloqueando este importante órgano esgrimiendo su desacuerdo con la actual norma de elección,  norma que claramente están incumpliendo.