Todos hemos oído alguna vez hablar de la PAC, la
Política Agraría Común, única política cien por cien europea que se aplica en
todos los países de la Unión. Su origen es paralelo al de nacimiento de la
antigua Comunidad Económica Europea, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial
los países centroeuropeos se encuentran destruidos, siendo uno de sus más
graves problemas el abastecimiento de alimentos a la población. Por ello, con
objeto de poder alimentar a sus ciudadanos el gobierno comunitario desarrolla
políticas agrícolas que incentiven la producción de cereales y otros productos
agrícolas y ganaderos, hay que producir más. Estas políticas incluían ayudas que
primaban la producción, además se intervenían los precios de los productos
agrícolas para que los agricultores tuvieran una renta suficiente para
continuar su labor. Esta política, la PAC, se fue modificando para adaptarse a
la situación existente, a los compromisos e intereses de los países miembros.
Por ello, tras la participación en las reuniones de la Organización Mundial y
la firma de tratados por los que la UE se compromete a no fijar barreras a la
entrada de productos agrícolas de terceros, así como a no subvencionar la
producción, la PAC ha ido cambiando hacía la promoción de una producción
respetuosa con el medioambiente y con ello se han ido cambiando las ayudas
desacoplandolas de la producción, convirtiéndose en ayudas a la renta de los
agricultores y ganaderos.
Desde que España
entró en la CEE se ha estado beneficiando de estos fondos agrícolas. Inicialmente
fueron ayudas a la producción, por ejemplo el olivar de las zonas de mayor
rendimiento recibía mayor apoyo, a los ganaderos se les subvencionaba en base
al número de animales primables, hembras de once o más meses o que hubieran
parido, que mantenían, también existían ayudas por llevar productos a
transformación como por ejemplo naranjas para zumo...
La primera reforma de la PAC, la llamada del Régimen de
Pago Único del año 2005, supuso un giro radical, su principio fundamental era
el desacoplamiento de las ayudas, de forma que ya no se pagaba por producir
sino por mantener hectáreas elegibles de cultivo y cumplir una serie de
requisitos contenidos en la llamada condicionalidad. A los agricultores se les
asignaron unos derechos de pago único, cada uno con un número identificativo y un
valor económico determinado a partir de las ayudas recibidas en un periodo de
referencia anterior. Este régimen se va instaurando de forma progresiva a los
distintos cultivos: cereales, olivar, cítricos, frutos de cáscara y también al
ganado bovino y ovino-caprino. El reparto inicial se hace, como hemos dichos,
en base a las ayudas recibidas en unos años de referencia, así por ejemplo para
el olivar se toman como referencia los pagos recibidos por los agricultores en tres
o cuatro años campañas anteriores; es decir, en el valor de las ayudas que los
agricultores recibían por producir. Por tanto son derechos cuyo valor se
establece en base a una serie histórica de ayudas, lo mismo pasa con otros
sectores como los cereales, o con los animales. Este procedimiento de cálculo
lleva aparejado el que el valor de los derechos de pago único sea dispar, por
ejemplo en las zonas de olivar de gran producción como Jaén tendrán valores
altos, en muchos casos cercano a los 800 o 1000€/ha, mientras que a las zonas
que en los años de referencia tenían una baja producción, como las de Almería,
les corresponden valores que apenas superan los 100€/ha o bien no pueden entrar
en el sistema al no haber recibido ayudas. No todos los cultivos entraron de la
misma manera en el sistema, así en caso de los cítricos se hace tabla rasa, se
da entrada a todas las hectáreas que estaban en producción en una determinada
fecha y se divide el presupuesto disponible entre el número de hectáreas, así
para los productores de naranjas el valor de los derechos se establece en unos
300€/ha. Otro sector importante para la provincia de Almería es el del
almendro, que fue uno de los últimos, en este caso también hubo un reparto
lineal en función de las hectáreas, siempre que la densidad de plantación fuese
de al menos 80 árboles/ha y se encontrasen plantados en una fecha determinada,
el resultado fue unos derechos de valor un poco mayor de 100€. También hubo
sectores que no entraron en este sistema como el hortofrutícola intensivo, lo
que supuso que (Almería dispone de unas 40.000has).
Los compromisos de la UE en el seno de la OMC hacen que
se deba redefinir de nuevo la PAC, se siguen incrementando las condiciones de
respeto al medioambiente y se da un mensaje a los países indicándoles que se
debe de avanzar en el desacoplamiento, se debe huir de los llamados derechos
históricos de forma los agricultores reciban ayudas a la renta, sin grandes
diferencias entre cultivos y regiones, por declarar hectáreas que cumplan las
condiciones establecidas, hay que incrementar el desacoplamiento y abandonar lo
que se denominan los derechos históricos. En resumen que un productor de olivar,
de cereales, de almendro o de cítricos de las distinta provincias deberían
recibir el mismo importe por hectárea si cumplen las condiciones establecidas.
Sin embargo, este sistema no es el que se aplica en España, las distintas
comunidades lucharon por el mantenimiento de las ayudas que recibían, y los
agricultores de los distintos sectores también hicieron lo mismo. El resultado ha
sido un sistema denominado Régimen de Pago Básico en el que se suavizan las
diferencias entre las distintas zonas, pero en donde el valor de los nuevos
derechos, llamados de pago básico, siguen teniendo un gran componente histórico
ya que su valor se toma en base a lo recibido en el anterior régimen de pago
único. Otra peculiaridad de este sistema es que no se puede aplicar a los
ganaderos y otra que los productores de hortícolas bajo plástico siguen sin
entrar en el sistema. El efecto en Almería es claro, por un lado se siguen
manteniendo derechos de pago básico con valores muy bajos en general, en
algunos casos con la paradoja de que zonas de provincias limítrofes con Almería
se tienen derechos de valor mayor cuando realmente tan solo hay una frontera
administrativa, por otro lado los productores de hortalizas siguen estando fuera
del sistema, casi 16.000 agricultores.
Total que si en el sistema anterior Almería a penas
recibía unos 20M€ en concepto de Régimen de Pago Único, el menor en Andalucía
pues provincias como Jaén, Sevilla o Córdoba reciben al menos diez veces más, (
para ello no tienen nada más que entrar en la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y busquen en las Ayudas Recibidas el
resumen de pagos, Fondos agrícolas, pagos efectuados en Andalucía). Para consolar
a esta provincia se dice que las Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas ( unos 8000 agricultores) reciben unos 40 M€ anuales a través de los
Programas y Fondos Operativos, el mayor importe de Andalucía, y que ahora con
la posibilidad de que entren en este sistema los productores que llevan sus
productos a las alhóndigas se podrían alcanzar los 100M€.
La conclusión a la que he llegado durante muchos años es
que nos encontramos ante un sistema que no reparte el presupuesto de forma
proporcional entre sus destinatarios, que no ha olvidado los privilegios que
suponen los derechos históricos y que por tanto mantiene las diferencias que
existían entre productores de distintas provincias en los años noventa. En este
contexto nuestra provincia no se ha visto beneficiada con las sucesivas
reformas que en nuestro país siguen manteniendo las diferencias antes
existentes.
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