En lo que respecta al órgano que gobierna los jueces, CGPJ, existe en España la sensación de que está influenciada políticamente ya que todos los miembros son elegidos por el Parlamento, siempre entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocido prestigio. La experiencia actual es que el PP ha aprovechado sus mayorías para lograr el dominio en este órgano, llegando incluso a impedir la renovación del consejo con lo que seguía manteniendo la mayoría.
El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de elegir de forma paritaria al nuevo consejo con la condición de una reforma posterior de la ley orgánica que lo regula en cuanto a la elección de los vocales atendiendo a los consejos de la UE en materia de justicia, se ha visto truncada en la práctica con el cambio de posición de la presidenta del CGPJ que ha comenzado a votar en el mismo sentido que los vocales conservadores. La percepción de una gran parte de la ciudadanía es que las actuaciones del consejo van siempre en el mismo sentido, que los nombramientos siguen favoreciendo a jueces conservadores y que el corporativismo rige a la hora de cumplir algunas de sus funciones especialmente en lo referente a la actuación de ciertos jueces y a la lentitud de los procedimientos.
España actualmente no cumple este estándar: todos los vocales del CGPJ son elegidos por las Cortes Generales, lo que ha sido el núcleo de las críticas europeas.
El problema radica en que de alguna manera se ha de dotar al consejo de un origen democrático, los poderes emanan del pueblo. Si son los jueces, a través de sus asociaciones, los únicos que participan en la elección de los consejeros nos encontraríamos ante un órgano exclusivamente judicial, que no puede controlarse democráticamente y en el que siempre primará el corporativismo.
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