El PP y el negocio de la sanidad.

La sanidad es un negocio, es un nicho donde obtener dinero, frente a la sanidad pública de prestigio que tenía nuestro país el PP lleva años desmantelándola y cediendo el espacio a las empresas privadas. Ya cuando gobernaba en la Comunidad Valenciana inicio la privatización de la gestión hospitalaria, centros públicos de gestión privada, y ya sabemos cómo terminó, un auténtico desastre, teniendo que salir la administración a salvar a las empresas privadas que regían los hospitales. Sin embargo, los gobiernos populares e incluso algunos socialistas importaron estas formas de gestión sanitaria.

La pandemia ha sido otro factor en este camino que nos llevaría a la privatización sanitaria, la atención primaria pública casi colapsó y los hospitales también públicos tuvieron que soportar la atención de los afectados. Mientras, la sanidad privada vivía de espaldas a la pandemía sin actuar y sin tener que atender a los enfermos de COVID, ni en la atención primaria ni en la hospitalaria, de hecho se convirtió en otra fuente de ingresos ya que llegaron a ganar dinero al cobrar por la realización de tests.

La necesidad de contrataciones durante el COVID no se mantuvo desde el momento en que se decidió que había que tratarla como una gripe. Pero el daño estaba hecho, los sanitarios públicos estaban exhaustos, sus condiciones laborales no habían mejorado y lo que es peor no había continuidad laboral. Mientras la atención primaria y las urgencias eran incapaces de atender a la ciudadanía, por no hablar de las listas de espera que se habían disparado tanto en especialidades como en cirugía y pruebas tras una parada de casi dos años en ese tipo de servicios sanitarios.

Ante esto la población que podía permitírselo, (dadas las condiciones que los seguros privados ponen para contratar una póliza es difícil que un jubilado se lo pueda permitir), recurrió a la sanidad privada, donde la atención primaria y la especializada no tenía demoras, para las cosas urgentes e importantes se seguiría recurriendo a los hospitales públicos. 

Los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias, a pesar de las ayudas estatales han dirigido sus esfuerzos hacía la disminución de los presupuestos sanitarios y sociales, ya que entre sus promesas estaba la reducción de los impuestos. Y a la cabeza nos encontramos a Madrid que por un lado reduce impuestos y por otro minimiza el personal de los centros de atención primaria y de urgencias hospitalarias. Esta situación ha llevado a los sanitarios públicos a revelarse y a la ciudadanía a exigir la solución del problema, el cual no se resuelve con citas por llamada telefónica o videoconferencia, en urgencias es indispensable la presencialidad y en la atención primaria o especializada no todas las consultas pueden atenderse de esta manera. Las tecnologías pueden ayudar pero no son la panacea ni la solución.

En definitiva el PP ha visto la sanidad no solo como negocio que ceder a la iniciativa privada, sino como la forma de disminuir el presupuesto público, y con ello poder disminuir impuestos. Pero no olvidemos que los españoles ya pagamos en nuestras nóminas la atención sanitaria, y hacernos recurrir a la privada es un engaño, pues quieren hacernos pagar dos veces por el mismo servicio. Desmantelar una sanidad de prestigio mundial no creo que sea justificable, evidentemente para mantener el nivel asistencial hay que destinar una parte importante del presupuesto y para ello hay que recaudar los impuestos necesarios. La falacia de disminuir impuestos y mantener el nivel de protección social y sanitario es algo que nadie puede creerse y si algo distingue a nuestra sociedad europea occidental son los servicios que nos ofrece el estado protector. Al menos yo no quiero que se imponga el sistema americano o peor el asiático.